Opinion Columnista Universal Cartagena

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Cartagena – Editorial
Las matazones de Atanquez

CRISTO GARCÍA TAPIA, –
 

Uno bien podría decir que en Atanquez se vive en olor de muerte; de despojo violento de la vida y de la identidad de las comunidades que pueblan aquel hábitat, parte integral del Resguardo Indígena Kankuamo, fundado por el Mama Tukaka.
Que en ese paraje mítico, religioso, político y cultural del pueblo kankuamo, las matazones de nativos y vecinos son arte y parte del proceso de aniquilamiento y exterminio decretado por poderes invisibles en contra del conglomerado aborigen establecido en aquel territorio.
Que no hay en aquel ámbito humano y geográfico una sola familia de las que habitan ese espacio atávico que no tenga detrás de las rústicas puertas de sus casas, señalados con cruces tristes de carbón, los nombres de dos o tres de sus familiares asesinados en esa ignominiosa correría criminal.
Y es que en Atanquez, corregimiento de Valledupar, al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, la principal causa de muerte es la violencia.
Una violencia sistemática y persistente en sus propósitos de dominio y despojo, cuyo patrón de comportamiento ha estado siempre ligado al conflicto generado por el dominio del territorio, los recursos mineros y energéticos, al igual que el poderío estratégico que esa zona implica para el desarrollo de grandes proyectos de inversión que entran en aguda contradicción con la integridad étnica y territorial de aquel asentamiento.
Cuanto ocurre de tiempo atrás en el Resguardo Indígena Kankuamo, reconocido como tal por el Estado colombiano, no viene a configurar cosa distinta que exterminio étnico, despojo territorial y desplazamiento forzado de las comunidades que a lo largo de nuestra historia han poseído esos territorios como parte integral de su naturaleza y modo de vida, tanto material como económica y espiritual.
Y de tiempo atrás igualmente, ha sido poco lo que el Estado ha hecho para proteger de ese exterminio, despojo y desplazamiento al pueblo kankuamo, cuya existencia ha estado marcada en el último cuarto de siglo por la violencia provocada y ejecutada por grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes mediante asesinatos sistemáticos, el reclutamiento forzado de sus jóvenes y la ruptura de toda actividad económica propia de una comunidad asentada en una extensión de 24 mil hectáreas, de las cuales solo el 3% son aptas para agricultura de subsistencia y pancoger.
¿Será que el Estado colombiano frente al exterminio violento del cual son víctimas, y conforme lo ordena la Constitución Nacional, no está en capacidad de garantizarles la vida en sus territorios ancestrales a los kankuamos?
Ya basta de lamentos, de pañuelos blancos, de auxilios funerarios oficiales para enterrar a los kankuamos muertos para despojarlos de sus territorios y desterrarles su identidad, creencias e imaginarios.
No más solidaridades de papel, no más condenas inocuas, no más palabras vanas.
Garantía y respeto por sus vidas, su territorio, su identidad y formas de organización social, es el imperativo y el deber del Estado colombiano para con los kankuamos.
elversionista@yahoo.es
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